Entre la autonomía y la asfixia fiscal. El dilema del servicio público de bomberos en Colombia
Actualizado: 6 oct
La gestión integral del riesgo contra incendios, la atención de rescates en todas sus modalidades y los incidentes con materiales peligrosos constituyen, de acuerdo con la Ley 1575 de 2012, un servicio público esencial y una responsabilidad del Estado.
Sin embargo, entre lo que establece la norma y lo que ocurre diariamente en los territorios existe una brecha que merece ser discutida.
El verdadero dilema no está únicamente en determinar quién presta el servicio, sino en encontrar un modelo que permita garantizarlo de manera permanente, eficiente, sostenible y con capacidad real de respuesta, especialmente en los municipios con menores capacidades fiscales.
En ese escenario aparece una tensión que Colombia todavía no ha resuelto: la autonomía municipal frente a la sostenibilidad financiera del servicio bomberil.
La autonomía municipal y las dos vías de prestación
El ordenamiento jurídico reconoce a los municipios la responsabilidad de garantizar la prestación eficiente del servicio de bomberos dentro de su jurisdicción.
Para cumplir esta obligación existen diferentes alternativas de organización y prestación.
Una de ellas es la vía directa, mediante cuerpos de bomberos oficiales integrados a la estructura administrativa municipal. Este modelo implica asumir directamente los costos asociados a personal, seguridad social, prestaciones, dotación, equipos, infraestructura, mantenimiento y operación permanente.
La otra es la vía asociativa o indirecta, mediante la cual los municipios pueden acudir a cuerpos de bomberos voluntarios para garantizar la prestación del servicio a través de los instrumentos jurídicos correspondientes.
Ambos modelos pueden responder a realidades territoriales diferentes.
El problema aparece cuando se pretende convertir uno de ellos en una solución universal para un país marcado por profundas diferencias económicas, geográficas y administrativas.
La autonomía municipal y las dos vías de prestación
El ordenamiento jurídico reconoce a los municipios la responsabilidad de garantizar la prestación eficiente del servicio de bomberos dentro de su jurisdicción.
Para cumplir esta obligación existen diferentes alternativas de organización y prestación.
Una de ellas es la vía directa, mediante cuerpos de bomberos oficiales integrados a la estructura administrativa municipal. Este modelo implica asumir directamente los costos asociados a personal, seguridad social, prestaciones, dotación, equipos, infraestructura, mantenimiento y operación permanente.
La otra es la vía asociativa o indirecta, mediante la cual los municipios pueden acudir a cuerpos de bomberos voluntarios para garantizar la prestación del servicio a través de los instrumentos jurídicos correspondientes.
Ambos modelos pueden responder a realidades territoriales diferentes.
El problema aparece cuando se pretende convertir uno de ellos en una solución universal para un país marcado por profundas diferencias económicas, geográficas y administrativas.
¿La oficialización es realmente la solución?
En algunos escenarios se plantea la oficialización del servicio bomberil como la respuesta definitiva frente a las dificultades que atraviesan los cuerpos voluntarios.
Pero oficializar no significa simplemente crear una estación y contratar bomberos.
Significa asumir una estructura permanente de funcionamiento.
Un cuerpo oficial requiere personal suficiente para garantizar operaciones las 24 horas del día, los 365 días del año; implica salarios, prestaciones sociales, recargos nocturnos y festivos, seguridad social, régimen pensional, capacitación, equipos de protección personal, vehículos especializados, mantenimiento, infraestructura y todos los demás componentes necesarios para garantizar una operación segura y eficiente.
Por eso, antes de hablar de oficialización, es necesario formular una pregunta
fundamental:
¿Tiene cada municipio la capacidad fiscal para sostener un cuerpo oficial de bomberos de manera permanente?
La respuesta no puede ser la misma para una gran ciudad que para un municipio pequeño de quinta o sexta categoría.
Las capacidades fiscales son diferentes y las necesidades territoriales también.
En consecuencia, una decisión institucional de esta naturaleza debe partir de un análisis serio de sostenibilidad financiera y capacidad operativa, y no únicamente de una decisión administrativa.
Porque crear una institución que no pueda sostenerse en el tiempo no significa fortalecer el servicio.
Cuando el voluntariado termina sosteniendo al Estado
Aquí aparece una de las grandes paradojas del sistema colombiano. En numerosos municipios, los cuerpos de bomberos voluntarios han demostrado capacidad de adaptación, permanencia y respuesta durante décadas.
Su naturaleza asociativa les permite desarrollar modelos de gestión más flexibles, buscar fuentes complementarias de financiación, gestionar donaciones, realizar procesos de capacitación y mantener una estructura operativa que, en determinados contextos, puede responder con rapidez a las necesidades del territorio.
Pero existe un límite que no podemos desconocer.
La vocación de servicio del voluntariado no puede convertirse en sustituto de la responsabilidad estatal.
Un bombero puede ofrecer voluntariamente su tiempo.
Puede ofrecer su conocimiento.
Puede ofrecer su experiencia.
Incluso puede arriesgar su vida para salvar la de otra persona.
Pero la voluntad no reemplaza el combustible.
La vocación no reemplaza los equipos de protección.
El compromiso no reemplaza el mantenimiento de un vehículo.
Y el heroísmo no puede convertirse en el mecanismo de financiación de un servicio público esencial.
El convenio no puede ser un simple trámite administrativo
Cuando un municipio decide garantizar el servicio mediante un cuerpo de bomberos voluntarios, su responsabilidad frente a la comunidad no desaparece.
Por el contrario, adquiere una responsabilidad adicional: supervisar que aquello que se contrató exista y funcione realmente.
La supervisión de un convenio bomberil no debería limitarse a revisar cuentas de cobro, informes o documentos.
Debe existir una verdadera supervisión técnica y operativa.
Hay que verificar, entre otros aspectos:
La disponibilidad real del personal.
La formación y certificación de las unidades operativas.
La vigencia de los seguros y requisitos de seguridad.
El estado de los vehículos y equipos.
La disponibilidad de combustible.
El mantenimiento del parque automotor.
La funcionalidad de los equipos de protección personal.
La capacidad real de respuesta ante una emergencia.
Porque en una emergencia los documentos no apagan incendios.
La capacidad de respuesta se demuestra en el territorio.
El riesgo de contratar una capacidad que no existe
Existe además un fenómeno que merece especial atención: los convenios paralelos.
Las dificultades económicas de algunos municipios pueden llevar a que un mismo cuerpo de bomberos establezca acuerdos con diferentes entidades territoriales.
Esta situación puede contribuir a la sostenibilidad de una institución, pero también plantea un riesgo cuando no existe una adecuada planeación de los recursos disponibles.
Un vehículo no puede estar simultáneamente en dos municipios.
Una tripulación tampoco.
Por eso, cuando existen compromisos con diferentes territorios, debe conocerse con claridad cuál es la capacidad operativa realmente disponible para cada jurisdicción y qué mecanismos de respaldo existen frente a emergencias simultáneas.
De lo contrario, se corre el riesgo de pagar por una capacidad de respuesta nominal, que puede resultar insuficiente justamente cuando más se necesita.
Un servicio esencial con una financiación que todavía es fragmentada
Aquí encontramos una de las principales contradicciones del sistema.
El riesgo es permanente.
Las emergencias no tienen calendario.
Los incendios no esperan el inicio de una vigencia fiscal.
Los accidentes no esperan la firma de un convenio.
Los rescates no pueden aplazarse porque todavía esté pendiente un trámite administrativo.
Sin embargo, en diferentes territorios la continuidad del servicio puede verse afectada por procesos de contratación tardíos o por dificultades en la disponibilidad y transferencia de recursos.
Esto genera una situación especialmente compleja para los cuerpos de bomberos voluntarios.
Mientras se formalizan los instrumentos administrativos y llegan los recursos, las emergencias continúan.
Y muchas estaciones terminan sosteniendo temporalmente su operación mediante recursos propios, colectas, créditos o mecanismos informales de financiación.
Un servicio público esencial no debería depender de la incertidumbre financiera.
La brecha territorial
Colombia no tiene una única realidad bomberil.
Existen ciudades con estaciones modernas, vehículos especializados, equipos avanzados y mayores capacidades institucionales.
Pero también existen municipios donde una estación puede tener dificultades para garantizar combustible, mantenimiento, equipos de protección o disponibilidad permanente de personal.
Esta diferencia genera una pregunta de fondo:
¿Puede garantizarse el mismo nivel de protección frente al riesgo cuando las capacidades territoriales son tan diferentes?
La respuesta exige pensar en mecanismos de equidad y cofinanciación.
Los municipios con menores capacidades fiscales requieren apoyo de los niveles departamental y nacional para garantizar unos estándares mínimos de operación.
La gestión del riesgo no puede depender exclusivamente de la capacidad económica del territorio donde ocurre la emergencia.
El debate no debería ser oficial contra voluntario
Tal vez Colombia necesita superar una discusión que durante años ha concentrado buena parte del debate bomberil.
La pregunta no debería ser simplemente:
¿Bomberos oficiales o bomberos voluntarios?
La pregunta realmente importante es:
¿Cuál es el modelo que permite garantizar una respuesta bomberil permanente, profesional, segura y sostenible para cada territorio?
En algunos municipios la respuesta podrá estar en un cuerpo oficial.
En otros, en un cuerpo voluntario fortalecido.
Y en otros será necesario construir modelos de cooperación regional que integren capacidades municipales, departamentales y nacionales.
Lo importante es que la decisión se tome a partir de la realidad del riesgo, la capacidad fiscal y las necesidades de cada territorio.
¿Hacia dónde debería avanzar el sistema?
Si queremos fortalecer verdaderamente el servicio bomberil colombiano, la discusión debería concentrarse en soluciones concretas.
Convenios con mayor estabilidad
Los mecanismos de prestación del servicio deben reducir los vacíos que se producen entre una vigencia fiscal y otra y garantizar continuidad operativa.
Recursos oportunos
Los recursos destinados al servicio bomberil deben llegar de manera oportuna y garantizar la operación para la cual fueron destinados.
Equidad territorial
Los municipios con menor capacidad fiscal requieren mecanismos de cofinanciación que permitan garantizar estándares mínimos de respuesta.
Supervisión técnica
Los convenios deben ser supervisados desde una perspectiva técnica y operativa, y no únicamente documental.
Planeación regional
Las emergencias no respetan límites administrativos. Por ello, la capacidad de respuesta debe contemplar mecanismos de cooperación y respaldo entre territorios.
Una responsabilidad que no puede ser voluntaria
El servicio puede ser prestado por voluntarios.
La responsabilidad del Estado, no.
Esta diferencia debe quedar clara.
Los hombres y mujeres que integran los cuerpos de bomberos pueden entregar voluntariamente su tiempo, su conocimiento y su vocación de servicio.
Pero garantizar que puedan realizar su misión con seguridad, equipos adecuados, formación, vehículos, combustible, comunicaciones e infraestructura suficiente es una responsabilidad institucional.
Por eso, el futuro del servicio bomberil colombiano no debe construirse sobre la confrontación entre modelos.
Debe construirse sobre tres principios fundamentales:
sostenibilidad, capacidad y control.
Porque garantizar una emergencia no consiste simplemente en tener un cuerpo de bomberos registrado en un territorio.
Consiste en garantizar que, cuando llegue la llamada, exista realmente una unidad disponible, preparada, equipada y en condiciones de responder.
Ese es el verdadero desafío.
Y mientras Colombia no resuelva esa contradicción entre autonomía, capacidad fiscal y sostenibilidad, seguirá existiendo una distancia preocupante entre lo que la ley promete y lo que muchas comunidades reciben cuando más necesitan a sus bomberos.
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