Entre el deber legal y la precariedad: el reto de la sostenibilidad operativa bomberil en Colombia.
Actualizado: 25 sept
En la gestión del riesgo de desastres existe una premisa irrefutable: la emergencia no tiene horario ni fecha en el calendario; no respeta días festivos ni atiende a demoras burocráticas. Las llamas, las crecientes de los ríos, los deslizamientos de tierra y las llamadas de auxilio médico ocurren a cualquier hora, los 365 días del año.
Sin embargo, en Colombia persiste una práctica perversa y recurrente por parte de diversas administraciones municipales: la suscripción de convenios intermitentes y con presupuestos irrisorios para la prestación del servicio público esencial de bomberos.
La Ley 1575 de 2012 establece de manera taxativa que la gestión integral del riesgo contra incendio, la atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos es una responsabilidad directa de los alcaldes, y que la actividad misional que desarrollan los cuerpos de bomberos constituye un servicio público esencial a cargo del Estado. Pese a la claridad del marco legal, año tras año presenciamos una lamentable constante: convenios que inician tarde, finalizan antes de tiempo o se interrumpen durante semanas —e incluso meses— mientras se adelantan trámites administrativos.
¿Acaso los incendios estructurales, industriales, vehiculares o forestales, así como las demás calamidades conexas, piden permiso mientras el municipio elabora un estudio previo? ¿Se detienen las emergencias durante la Ley de Garantías o en los cambios de gobierno?
El riesgo no entra en vacaciones. Dejar a un municipio desprotegido durante periodos de vacíos contractuales no es solo una omisión administrativa; es una falta grave contra el derecho colectivo a la seguridad y la protección de la vida.
A esta intermitencia se suma el agravante de la insuficiencia financiera. Con frecuencia vemos municipios que pretenden saldar su responsabilidad asignando montos ridículos a los cuerpos de bomberos, ya sean oficiales o voluntarios. Pretenden que una institución opere con recursos que escasamente alcanzan para pagar el combustible de un vehículo o los equipos mínimos de protección personal, desconociendo los costos operativos reales de mantener un cuerpo operativo equipado, capacitado, asegurado y disponible las 24 horas del día.
Un convenio financiado a medias produce instituciones bomberiles desarmadas. Obliga a las bomberas y bomberos —hombres y mujeres que arriesgan su integridad física— a realizar rifas, colectas o verdaderos milagros logísticos para sostener la operatividad, lo cual raya en lo absurdo.
Garantizar un servicio de bomberos continuo, digno y dotado no es un favor ni una contribución voluntaria que el alcalde de turno «le otorga» a la institución; es una obligación legal y constitucional indiscutible. Cada peso escatimado en un convenio equivale a minutos valiosos perdidos en la respuesta a una emergencia; cada día de vacío contractual representa un peligro latente para la infraestructura, los recursos naturales y, lo más importante, la vida de los ciudadanos.
Es imperativo que los organismos de control —Procuraduría, Contraloría y Personerías— actúen con contundencia frente a los mandatarios locales que descuidan o financian de manera precaria esta función estatal. Asimismo, las administraciones deben entender que la gestión del riesgo requiere sostenibilidad presupuestal y continuidad ininterrumpida.
La seguridad de nuestros municipios no puede depender de un contrato firmado a afanes ni de un presupuesto de migajas. La prestación del servicio público esencial de bomberos debe estar asegurada los 365 días del año, sin excusas ni pausas. De lo contrario, seguiremos jugando a la ruleta rusa con la vida, el patrimonio de los colombianos y el medio ambiente.
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